Con respecto a la crisis actual en Venezuela, el presidente del Partido Comunista de Japón, Kazuo Shii, emitió una declaración en la que pedía se ponga fin de inmediato a la represión gubernamental contra las protestas públicas y se implementen medidas para restaurar la democracia en el país. A continuación, el texto completo de su declaración:

Detener la represión, restaurar los derechos humanos y la democracia - Declaración de PCJ sobre la crisis de Venezuela

Kazuo Shii
Presidente, Partido Comunista Japonés
Miembro de la Cámara de Representantes de Japón
Tokio
21 de febrero de 2019

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Al principio del gobierno venezolano liderado por el fallecido presidente Hugo Chávez, el Partido Comunista Japonés había prestado una atención favorable al proceso de reforma que su gobierno había promovido con un amplio apoyo público logrado en las urnas.
Sin embargo, debido a la consiguiente mala gestión y deterioro de los gobiernos de Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro, la preocupación por los derechos humanos, incluida la libertad política de los ciudadanos y su derecho a la vida, ha ido aumentando. Bajo el orden internacional creado luego de la Segunda Guerra Mundial, la garantía de los derechos humanos se ha convertido en un tema prioritario de alcance global. Por lo tanto, la crisis actual en Venezuela debe considerarse como una grave cuestión internacional.

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En mayo de 2017, el PCJ instó al gobierno venezolano a que suspenda de inmediato la represión de las protestas ciudadanas, y que aplique medidas responsables para restablecer el orden democrático. Desde entonces, lamentablemente, la situación en Venezuela ha empeorado significativamente.
En este momento, las tensiones continúan aumentando entre las crecientes protestas ciudadanas y el gobierno de Maduro.
En tal sentido, el PCJ exige que el gobierno de Maduro ponga fin de inmediato a la represión de las protestas. También pedimos al gobierno que tome medidas a la brevedad posible para subsanar la grave escasez de alimentos y medicamentos, y que acepte la ayuda humanitaria ofrecida por organizaciones como las Naciones Unidas y la Cruz Roja Internacional.

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La crisis venezolana se debe principalmente al hecho de que el gobierno de Maduro revocó la autoridad de la Asamblea Nacional, que ha sido controlada por los partidos de oposición desde 2015. Asimismo, el gobierno intentó perpetuarse en el poder en las elecciones presidenciales de 2018 por medio de la exclusión de los principales candidatos de la oposición, así como la violenta represión de oponentes.
A la luz de estos desarrollos, es imposible considerar al régimen de Maduro como un gobierno legítimo basado en la voluntad del pueblo venezolano. La resolución de la crisis en Venezuela requiere la implementación de medidas para restaurar la democracia, incluida una nueva elección presidencial.

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Para resolver la situación actual, también es vital condenar cualquier interferencia externa, respetar el derecho de los venezolanos a la libre determinación, y buscar una solución pacífica sin recurrir a la violencia.
En tal sentido, el PCJ se opone firmemente al intento de cualquier país de interferir en los asuntos de Venezuela.
En concreto, cualquier intervención militar es absolutamente inaceptable, ya que tendrá un alto costo y deteriorará aún más la situación. El gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se refiere repetidamente a la intervención militar como "una opción", pero ningún país tiene el derecho de hacer tal cosa.
Al mismo tiempo, el PCJ se opone firmemente a algunas medidas que quieren calificar las protestas ciudadanas como hostiles, y así forzar una "solidaridad" con el régimen de Maduro entre algunos movimientos globales.
La crisis venezolana debe ser resuelta por el pueblo venezolano.